Ángel Rondón convocaría medio Gobierno a testificar en el caso Odebrecht

La pista sigue caliente por el caso Odebrecht. No solo por la acusación presentada por el Procurador General de la República contra siete personas, sino por los testigos que los imputados están citando para jurar “decir la verdad y nada más que la verdad” en estrado.

Al depositar ayer sus escritos de defensa, los abogados de Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa y Andrés Bautista García, dijeron que llamarán como testigos en el caso a embajadores, ministros, legisladores, alcaldes, exconsultores jurídicos del Poder Ejecutivo de las entidades gubernamentales con las que Odebrecht firmó contrato, empresarios, técnicos y contratistas que de una manera u otra tuvieron vínculos con las 16 obras construidas por la empresa.

Mientras esto ocurría, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, notificaba al Ministerio Público y las partes, que Francisco Ortega Polanco, continuará siendo el juez de la Instrucción Especial y, por lo tanto, conocerá la solicitud de auto apertura a juicio hecha contra Rondón Rijo, Díaz Rúa, Bautista García, Conrado Pittaluga Arzeno, Tommy Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez y Jesús (Chú) Vásquez.

Ángel Rondón, enlace comercial de Odebrecht y persona señalada por el Ministerio Público como quien distribuyó los US$92 millones pagados en sobornos a funcionarios públicos por la empresa, está llamado a comparecer a 106 personas, entre los cuales están los miembros de las comisiones de Hacienda y Finanzas del Senado de la República y la Cámara de Diputados, ministros de Hacienda, administradores del Banco de Reservas, consorciados y supervisores de las obras construidas por Odebrecht, así como las personas contra las que la Procuraduría no presentó acusación por los sobornos.

Hasta el momento, hay 186 personas propuestas como testigos a cargo y descargo. El plazo otorgado por la Suprema para depositar los escritos de defensa venció ayer y cuatro imputados no depositaron.

“Ahí estamos llamando como testigos a todo el que ha tenido que ver con los 16 contratos que figuran en la acusación... tienen que venir a explicar si nuestro cliente alguna vez le ofreció alguna dádiva o alguna vez ellos aceptaron sobornos”, expresó José Miguel Minier, abogado de Rondón.

El defensor dijo además, que están solicitando el archivo del expediente por considerar que el procurador Jean Alain Rodríguez, violentó el debido proceso de ley al no notificarles las pruebas en la etapa investigativa.

Miguel Valerio y Carlos Salcedo, abogados del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el exsenador Andrés Bautista, respectivamente, dijeron que desmontarán una por una la acusación del Ministerio Público y mostrarán la inocencia de los imputados.

Al depositar en la Secretaría General de la Suprema Corte, Valerio explicó que presentarán ocho testigos con los cuales demostrarán que todo se hizo conforme a la ley, por lo que pedirá al juez emitir auto de No Ha Lugar.

En tanto que Carlos Salcedo, representante legal de Bautista, dijo que entre los 20 testigos que proponen figuran el actual presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez; la expresidenta y actual senadora Cristina Lizardo, el ministro de agricultura, Osmar Benítez, entre otros.

“Le juramos, le prometemos a la opinión pública que cuando llegue la hora del juicio, todos nos vamos a divertir porque nosotros vamos a demostrar papel contra papel, prueba contra prueba, la inocencia del ingeniero Víctor Díaz Rúa”, expresó Valerio al depositar junto a Ramón Emilio Núñez el escrito de más de 1,500 páginas.

“Yo creo que el Ministerio Público con este escrito de defensa de Andrés Bautista García, va recibir una gran lección, una lección de un hombre íntegro, un hombre que ha hecho una vida y ha tenido una trayectoria profesional, política, familiar impoluta, que está hecha sobre la base de una moral incuestionable”, argumentó Salcedo.

Añadió que la estructura de la acusación de la Procuraduría no responde a la más mínima profesionalidad que el país merece, ya que “no hace ninguna relación analítica de los hechos vinculados a pruebas” contra su cliente.

Los imputados que no se acogieron al plazo argumentan que hay irregularidad en la notificación.